Se cumplen 30 años de la ley argentina de Punto Final
La Ley de Punto Final argentina o Ley 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
Esta ley sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de varios miles de opositores y guerrilleros de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
La ley extinguía la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política: desapariciones forzadas de personas, detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos, que hubiesen sido cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983. Esto no se aplicaba a las acciones civiles. Por otro lado, quedaban exceptuados de la aplicación de la ley los casos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores (casos de secuestro de recién nacidos).
La ley, junto con su complementaria, la de obediencia debida, fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003. Esta anulación fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia, que las declaró inconstitucionales el 14 de junio de 2005.
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