La delegación de la Salud de Uruguay recibe una sentencia desestimatoria en apelación por un gran número de faltas de ortografía
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno de Montevideo, Uruguay, desestimó la apelación, ratificando una condena que obligaba al organismo en representación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a pagarle a una funcionaria que trabajó en régimen de Comisión de Apoyo en un CTI del organismo público la cantidad de 342.074 pesos uruguayos (10.036 euros), por contener más de 100 “faltas garrafales de ortografía” en 11 páginas.
"El escrito de apelación presentado en autos resulta absolutamente inentendible, plagado de faltas de ortografía garrafales, errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas, con un lenguaje inapropiado".
Algunas de dichas faltas se producen en palabras tan comunes como “espresa, desarroyo, ubiera, estubiera, quizo, abaló y extructura”, por poner algunos ejemplos.
Esto molestó a los cuatro jueces del Tribunal, quienes consideraron también que el abogado no se ajustó “a la dignidad y respeto que merece la Justicia”, presentando este escrito.
También hay errores tipográficos, donde se nota que el abogado quiso escribir una palabra y terminó tecleando otra, hecho que demuestra claramente que el escrito no fue ni revisado una única vez.
El escrito de apelación presentado por el abogado, para más inri, cuestionaba que la sentencia de primera instancia alegando que hubiera sido “imparcial”, a lo que el tribunal de apelación contestó: “Aparentemente pretenden que las sentencias sean parciales”
La funcionaria había denunciado a la Comisión de Apoyo de la ASSE ante la jurisdicción laboral porque no le habían pagado la compensación debida del 20 por ciento por trabajar en un centro de tratamiento intensivo, por este hecho los funcionarios denuncian que sus derechos son vulnerados.
En los últimos años este organismo ha tenido que pagar 48 millones de euros como consecuencia de las sentencias adversas en los tribunales de lo social en Uruguay.