Los funcionarios interinos son nombrados como tales para desempeñar, de manera temporal, las funciones propias de un funcionario de carrera, siempre y cuando se cumplan unas causas justificadas de necesidad y urgencia. Dada la temporalidad de su cargo, la legislación española no prevé ninguna indemnización a los interinos a la finalización de su contrato.
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Se cumplen 250 años de la famosa Pragmática Sanción de 1767, promulgada por el rey de España Carlos III.
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Tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a los préstamos hipotecarios con cláusulas multidivisa, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto el pasado 15 de noviembre declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias en divisas, motivando su decisión en la falta de información y de transparencia por parte del banco en el momento de la contratación, suponiendo un grave desequilibrio en los prestatarios, en contra de las exigencias de la buena fe.
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El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno de Montevideo, Uruguay, desestimó la apelación, ratificando una condena que obligaba al organismo en representación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a pagarle a una funcionaria que trabajó en régimen de Comisión de Apoyo en un CTI del organismo público la cantidad de 342.074 pesos uruguayos (10.036 euros), por contener más de 100 “faltas garrafales de ortografía” en 11 páginas.
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El origen de la resolución del Tribunal Supremo fueron cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo de Andalucía a Unicaja por el uso de cláusulas abusivas en diferentes contratos.
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